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La prisión en los tiempos del coronavirus

Cristina Güerri. Universitat Pompeu Fabra

Marta Martí. Profesora colaboradora, Universitat Oberta de Catalunya 

Albert Pedrosa. Universitat Autònoma de Barcelona

 

Las prisiones, a pesar de estar rodeadas de grandes muros y medidas de seguridad, no están totalmente aisladas de la sociedad (Farrington, 1992). Hoy en día, son muchas las personas que entran y salen a diario de las prisiones: personal penitenciario, voluntarios, familiares, presos con permisos o en régimen de semilibertad… y ello hace que la prisión sea un espacio permeable a la amenaza del COVID-19.

Las prisiones son lugares especialmente propicios para la propagación de enfermedades infecciosas: por una parte, la sobrepoblación penitenciaria, la falta de celdas individuales y los problemas de higiene derivados de las condiciones de hacinamiento dificultan el distanciamiento social y facilitan la transmisión; por otra, los problemas de salud tienden a ser más acentuados en las personas presas, y los recursos médicos suelen ser escasos (Penal Reform International, 2020). En definitiva, los presos son un colectivo especialmente vulnerable ante este tipo de enfermedades y, por ello, las administraciones penitenciarias deben implementar rápidamente medidas que prevengan un contagio masivo entre las personas penadas.

No obstante, la limitación del contacto con el exterior es un tema sensible en el ámbito penitenciario, pues estamos ante un colectivo en aislamiento y sometido a un continuo estrés, donde el contacto familiar suele ser el único alivio con el que cuentan (Ibàñez y Pedrosa, 2018). En este sentido, es ilustrativo que cuando la crisis sanitaria estalló en Italia, la prohibición de visitas de familiares originó medio centenar de motines que se saldaron con 13 muertes. Para evitar este tipo de situaciones, en países como Argentina la administración penitenciaria ha consensuado las limitaciones de visitas con los presos.

Las condiciones específicas de las cárceles hacen necesario tomar medidas preventivas a la vez que plantean un reto por los problemas de seguridad y respeto a los derechos de las personas presas que dichas medidas pueden comportar.

La respuesta internacional al COVID-19 en las prisiones

Ante la amenaza de la llegada del COVID-19 a las prisiones, las administraciones penitenciarias de los diferentes países están tomando distintas medidas dirigidas a prevenir el contagio y los efectos del virus. Estas medidas se enfocan en dos direcciones: hacia dentro de las prisiones y hacia el exterior.

El primer grupo de medidas, por lo general, tienen un carácter restrictivo y consisten en la limitación de los movimientos dentro de la prisión (por ejemplo, en Estonia se suspende la hora diaria fuera de la celda); la suspensión de permisos y otros tipos de salidas de los presos (Dinamarca y Kosovo); y la limitación o suspensión de visitas de familiares (adoptado en múltiples países, como Argentina, Canadá o Irlanda).

Por otro lado, existen medidas que miran al exterior de las prisiones con el objetivo de descongestionar los centros y reducir la población penitenciaria intramuros. Estas medidas, que se traducen en una atenuación del control ejercido por parte de la institución penitenciaria (Martí, 2019), incluyen la sustitución de la pena por medidas penales que se ejecutan en la comunidad o el aplazamiento de la ejecución de algunas penas (como Finlandia) y la posibilidad de que la semilibertad se cumpla en el domicilio -en algunos casos mediante control electrónico- y la concesión de libertades condicionales (por ejemplo, Irán y Francia).

¿Cuál es la situación en España?

Las medidas adoptadas en España también se pueden enmarcar en las dos tipologías presentadas. La primera medida adoptada por el Ministerio del Interior, aprobada dos días antes del establecimiento del Estado de alarma, consistió en prohibir visitas y comunicaciones. A esto se le sumó la prohibición de permisos y otras salidas programadas, con el objetivo de aumentar el aislamiento de los centros penitenciarios.

Para paliar los efectos negativos de estas decisiones, se ha incrementado la cantidad de llamadas que los presos pueden realizar, y recientemente se han comprado 200 móviles para facilitar las videollamadas con familiares. La administración catalana ha aprobado un plan piloto más ambicioso que, además de proporcionar llamadas y medios para las personas sin recursos, también tiene por objetivo fomentar el uso de videoconferencias y prevé la creación de una línea telefónica para atender a familiares. En todo caso, estas medidas aún están lejos de poder responder a la dificultad que se plantea en relación con la comunicación con el exterior, si bien son un punto de partida positivo.

Posteriormente, con el objetivo de reducir la población intramuros, algunos centros han empezado a aplicar el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario, que permite el cumplimiento del régimen abierto en el domicilio sin tener que acudir a dormir en prisión. En concreto, Instituciones Penitenciarias ha aplicado el mencionado artículo a 2.157 presos, que se suman a los 2.230 que ya había antes de la crisis del coronavirus, duplicando así la población con esta modalidad de cumplimiento. Asimismo, Cataluña facilitó que 628 personas cumplieran el tercer grado en sus domicilios, lo que supone más de la mitad de su población en régimen abierto.

Mirando al futuro

En el momento de escribir esta entrada, se ha confirmado la primera muerte por coronavirus en las prisiones españolas, una mujer de 78 años con patologías previas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ACNUDH) ha pedido la aplicación de los mecanismos legales que sean posibles para la liberación de presos, especialmente de aquellos más vulnerables. Nuestra legislación penitenciaria tiene disposiciones que lo permiten, como la llamada “libertad condicional humanitaria” (artículo 91.3 del Código Penal), por lo que sería apropiado que, siguiendo la recomendación de ACNUDH, las administraciones penitenciarias emplearan estos mecanismos lo antes posible.

Adicionalmente, debemos tener en cuenta que el confinamiento en el que viven las personas presas puede causar problemas de ansiedad y sufrimiento psíquico, incrementando el riesgo de incidentes y conflictos. Algunas de las medidas acordadas están orientadas a paliar esta situación, como el uso de las videoconferencias y el aumento de las llamadas, pero tememos que estas no son suficientes considerando la gravedad de la situación.

Por último, esperamos que, cuando la epidemia pase, no retrocedamos. Es momento de aprovechar esta crisis, que ha impulsado la adopción de medidas originalmente previstas para humanizar la prisión y facilitar el proceso de reinserción (y no para una situación de emergencia), y convertir en normal todo aquello que ahora es excepcional. Esta situación es una oportunidad para que la incorporación en las prisiones de las tecnologías de la información y la comunicación marquen el inicio de una nueva etapa en la que las personas presas estén conectadas con el mundo sin tantas limitaciones, y se promueva el cumplimiento de la pena fuera de los centros penitenciarios. Pues si algo nos está demostrando esta pandemia es que las cárceles pueden ser mucho más abiertas.

Con el fin de recopilar las medidas implementadas en los diferentes países y promover buenas prácticas, los autores de este texto hemos iniciado el proyecto COVID-19 Prisons (@Covid19Prisons).

Referencias

Farrington, Keith. (1992). The modern prison as total institution? Public perception versus objective reality. Crime & Delinquency, 38(1), 6-26. https://doi.org/10.1177/0011128792038001002

Ibàñez, Aina y Pedrosa, Albert. (2018). El papel de las familias en la reinserción de les personas que salen de prisión. Barcelona: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Martí, Marta. (2019). Prisiones abiertas: la supervisión de la pena de prisión en semilibertad. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 21(07), 1-26.

Penal Reform International. (2020). Coronavirus: Healthcare and human rights of people in prison. 16 de marzo de 2020.

¿Flu-ctuaciones delictivas? Los posibles efectos del COVID-19 en la criminalidad

Pedro Campoy Torrente. Universidad de Extremadura

“El miedo atrae al temeroso, al fuerte, al débil, al inocente, al corrupto. El miedo, el miedo es mi aliado”. Eso nos enseñó Darth Maul en la Amenaza Fantasma. Y, en general, la sociedad española, en estos momentos, parece tener miedo de la amenaza, real, del COVID-19. La pregunta es si esta amenaza también provoca perturbaciones en el delito.

El sentido común, pero también algo de evidencia, nos lleva a pensar que la amenaza fantasma (disuasión general del derecho penal) no disuade lo que debería y que la amenaza real tradicional (policía y otras formas de control social formal) no detecta por organización, más que por capacidad. Pero, ¿qué pasa con esta amenaza pandémica? ¿Disminuye el delito? ¿Aumenta? ¿Ambas a la vez?

Reflexiones preliminares

Algunas personas criminólogas han apuntado un descenso de la delincuencia “tradicional” basándose en las actividades cotidianas (por ejemplo, Joel Caplan, Raquel Sastre, Patricio Estévez o Asier Moneva). No sólo en términos de eliminación, sino también de posibles desplazamientos (que como sabemos también conlleva cierta desaparición del delito desplazado).

También, César San Juan apunta a un esperable aumento de algunas formas de violencia intrafamiliar debido a las medidas de confinamiento para evitar la crecida descontrolada de los contagios, lo que concuerda con Enarson (1999).

En el ámbito no presencial, se esperan aumentos de la ciberdelincuencia, como, por ejemplo, también basándonos en las actividades cotidianas y las oportunidades, nos comentan Buil-Gil y colegas.

Is this the real world?

Debemos plantearnos, no obstante, si tales reflexiones se ajustan a la realidad actual. Planteo tres cuestiones a las que prestar atención para poder responder que ni sí, ni no, sino todo lo contrario en el delito producido en el medio físico construido:

  1. Dónde está el control social informal;
  2. Qué pasa con la especificidad de la toma de decisiones, y;
  3. Cuáles son los datos con los que podemos contar.

En primer lugar, durante los primeros seis días de confinamiento se produjo una disminución del 50% de los delitos. En algunas modalidades, se aventura que tal reducción fue de hasta un 80%. Estos datos se refieren a delitos conocidos por la policía.

A falta de datos, por el momento podemos intentar conocer si ha habido alguna otra situación “similar” desde la que poder realizar algún tipo de osada predicción. Los únicos datos más o menos fiables proceden de Estados Unidos en relación con lo sucedido durante el Huracán Katrina[i]. Dichos datos indican un descenso de los delitos durante el desastre y un rebote ascendente tras el mismo, para todos los tipos de delincuencia, pero especialmente en la interpersonal, aunque para la delincuencia contra la propiedad existen ciertos desacuerdos (Quarantelli y Frailing, 2007). Tal situación no es directamente comparable a la crisis actual, pero la comparativa puede aportar datos orientativos.

La explicación “corta” tiene que ver con la aplicación de la teoría de las Actividades Cotidianas (detallada más abajo), pero considero necesario contemplar algunas particularidades.

En segundo lugar, creo necesario indicar que es posible que existan variaciones en función del estadio de la catástrofe en la que nos encontramos. De acuerdo con Mileti (1975), los estadios de las catástrofes se corresponden con la mitigación, la preparación, la emergencia y la reconstrucción.

Según informaciones periodísticas, pero también con la evidencia del Katrina en mente, durante las dos primeras fases los índices delictivos se han mantenido estables, cayendo durante la fase de emergencia que acabamos de empezar y recuperando (o superando) las tasas “normales” desde la fase de reconstrucción en adelante.

En relación con la fase en la que nos encontramos, de emergencia, y de acuerdo con la teoría de las Actividades Cotidianas, la ausencia de objetivos, unido a que se dan condiciones de patrullajes intensivos y por saturación para obligar al cumplimiento de las medidas contempladas por el estado de alarma, debería producir descensos de la delincuencia en general.

En términos de delincuencia intrafamiliar, dos son las cuestiones que podrían producir un descenso durante esta fase: el aumento del control social informal (debido a las condiciones de confinamiento en los domicilios, que aumentaría la detección de conflictos y las posibilidades de intervención) pero también, siguiendo a Reckless (1961), un aumento de los amortiguadores sociales, que vendrían a reconducir el comportamiento violento en los agresores, tales como el reforzamiento de las normas sociales en este momento o las expectativas en el plano social (conducta deseada) que los individuos perciben. El sentido de la responsabilidad o el ego de estas personas (en términos de deseabilidad social) podría también explicar que se produjera un descenso. Pero esto, creo, durará poco: hasta que el aumento de la tensión rompa los controles (para una síntesis, Conklin, 2012).

Por otra parte, también debemos tener en cuenta que la toma de decisiones es específica para cada tipo de delito y depende del tipo de delincuente, así como de los moderadores conductuales presentes (Leclerc y Wortley, 2014). Ello nos lleva a la última cuestión: las cifras. Los datos que se suelen ofrecer son agregados, atendiendo a los tipos, pero no a las formas. Incluso fenomenológicamente, cada tipo delictivo engloba diferencias sustanciales en términos de comportamiento (Leclerc y Wortley, 2014). Por tanto, es plausible que las medidas de delitos que utilizamos en nuestro país no tengan en cuenta las modalidades de la delincuencia, sino únicamente su tipología. Y aquí estamos perdiendo información importante de cara a escenarios futuros. Especialmente, en modalidades delictivas de baja prevalencia pero altísima incidencia (por ejemplo, agresiones sexuales).

¿Qué cabe esperar?

Cabe esperar que el delito aumente a medida que pasen los días, aumente la tensión, y nos acerquemos a la fase de “reconstrucción”. Una primera hipótesis es que el aumento de la tensión, debido al confinamiento y a la convivencia intensiva, produzca aumentos de violencia interpersonal en el ámbito de la familia. Sin embargo, no podemos perder de vista que, ante la expectativa de mejora de la situación, las personas relajen sus controles internos y, por tanto, tomen decisiones sesgadas debido a las expectativas del final de estas medidas, arriesgándose más, etc. Todo ello, hasta que lleguemos a los índices basales de los que partimos antes de esta situación o, aún peor, hasta que los superemos.

El Centro Crímina de la Universidad Miguel Hernández tratará esta cuestión en tres webinars con colegas expertas/os en la materia. Es el momento de aprender de ellas y ellos y, especialmente, de repensar cómo podemos aportar al Estado mecanismos de detección y medición de la delincuencia más adecuados que los que tradicionalmente estamos usando.

Así las cosas, “el miedo atrae al temeroso, al fuerte, al débil, al inocente, al corrupto. El miedo, el miedo es mi aliado”. Pero el miedo se pasa.

Referencias

Conklin, J. E. (2012). Criminology (11th Edition). Nueva Jersey: Prentice Hall.

Enarson, E. (1999). Violence against women in disasters. A study of domestic violence programs in the United States and Canada. Violence Against Women, 5(7), 742-768. DOI: 10.1177/10778019922181464

Leclerc, B. y Wortley, R. (2014). Cognition and crime: Offender decision making and script analyses. Londres: Routledge.

Mileti, D. S. (1975). Disaster relief and rehabilitation in the United States: A research assessment. Colorado: Institute of Behavioral Science, Universidad de Colorado.

Quarantelli, E. L. y Frailing, K. (2007). Looting after a disaster: A myth or reality? Natural Hazards Observer. 31(4), 1-4.

Reckless, W. C. (1961). A new theory of delinquency and crime. Federal Probation, 25, 42-46.

[i] Como ejemplo: Brezina, T. y Kauffman, J. M. (2008). What really happened in New Orleans? Estimating the threat of violence during the hurricane Katrina disaster. Justice Quarterly, 25(4), 701-722, o; Leitner, M., Barnett, M., Kent, J. y Barnett, T. (2011). The impact of hurricane Katrina on reported crimes in Louisiana: A spatial and temporal analysis. The Professional Geographer, 63(2), 244-261, entre otros.

Encuesta Social Europea: lo que es y lo que puede ser

Joel Martí

Profesor de Sociología

Durante los últimos días están circulando por Twitter los hashtags #SaveESSSpain y #SalvemosESSEspana. La razón es este tuit publicado en octubre, en el que la mayor parte de la península ibérica aparece borrada del mapa de una de las encuestas de referencia de nuestro entorno: la Encuesta Social Europea (ESS). Y ello a pesar de que se trata de una encuesta que forma parte del Plan Estadístico Nacional 2017-2020. En el momento de escribir este post todavía no ha habido declaraciones oficiales ni tampoco ninguna confirmación de esta ausencia; a los pocos días de saltar la noticia, el anterior coordinador de la encuesta en España, Mariano Torcal, pedía prudencia, mientras José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (institución responsable de la ESS en España desde la edición de 2014), concedía una entrevista en la que no disipaba las dudas. Informaciones más recientes sugieren que España sí acabará participando.

La ESS empezó en 2002 con 22 países participantes, y desde entonces se ha repetido cada dos años, llegando a los 28 países previstos en la edición 2018 (entre los que de momento no está España). La encuesta mide las opiniones, actitudes y creencias de la población sobre una amplia diversidad de temas que se repiten en cada edición, muchos de ellos de relevancia criminológica (percepción de seguridad, confianza en las instituciones, bienestar, etc.) y también sobre temas específicos que se abordan rotativamente en distintas ediciones (como las actitudes hacia la inmigración o la confianza en la policía y la justicia). Los datos obtenidos, abiertos y fácilmente accesibles, permiten un análisis comparado y multinivel entre los distintos países participantes, así como también el estudio de la evolución de la opinión pública europea.

Aunque la inclusión de España en la edición de 2016 de la ESS también era dudosa y finalmente estuvo ahí, la mera incertidumbre sobre su participación o exclusión resulta intrigante. Intrigante para la comunidad científica internacional, porque esta exclusión afectaría a todas aquellas investigaciones con una pespectiva comparada y a los futuros estudios de tendencias, que deberían excluir España del análisis. Para la criminología europea, que vería como resulta afectada una fuente de datos sólida para su desarrollo disciplinar (interesante revisar, por ejemplo, los trabajos publicados en el European Journal of Criminology basados en o referenciando la ESS). Y obviamente impediría desarrollar análisis criminológicos centrados en datos de España, como el de David Vázquez Morales y Esther Fernández Molina sobre la confianza en los tribunales penales, el de Daniel Varona sobre percepción y elección del castigo en España u otras contribuciones realizadas en el marco de la SEIC. Para quienes nos dedicamos a la enseñanza, la ESS es también un importante recurso docente para materias tan diversas como la comprensión de las sociedades europeas o el aprendizaje del análisis estadístico y, en ocasiones, fuente de datos para trabajos de fin de grado, de máster o tesis doctorales.

Más allá de su relevancia académica, el potencial de encuestas como la ESS se encuentra también en la transferencia de sus resultados al conjunto de la sociedad, para fomentar un debate social riguroso y para informar las políticas públicas. Una transferencia a la que también podemos contribuir quienes hacemos investigación social y que puede ayudar a que la necesidad de encuestas como la ESS sea ampliamente asumida.

Informe del Presidente (Oviedo, 2018)

 

Juanjo Medina

Presidente de la SEIC

Juanjo_Oviedo
Acto de clausura del XII Congreso Español de Criminología

Un año más nos hemos reunido todos para debatir nuestras ideas y un año más el congreso ha sido un éxito de participación. A partir de ahora queda pensar y hacer para que la SEIC siga creciendo como sociedad y mejorando su funcionamiento. Los miembros de la Junta saliente que han dejado su cargo han servido de forma generosa y muy valiosa a la Sociedad. Nos quedamos en tesorería con unas cuentas más saneadas; unos estatutos renovados y más completos gracias a la gestión de nuestra secretaria; una revista que sigue creciendo y con unos criterios y formato más profesionalizados; y un soporte en la web parsimonioso, completo, más ágil y más barato tanto para la revista como para el portal de la sociedad. También hemos tomado medidas para dotar de una mayor legitimidad y transparencia a las decisiones que tomamos (por ejemplo, la publicación y discusión pública de criterios para la entrega de todos nuestros premios, la creación de un comité científico, etc.) pero también el impulso de criterios y políticas de paridad y conciliación (por ejemplo, a la hora de seleccionar ponentes para nuestras plenarias, la contratación de servicios de guardería durante nuestros congresos, etc.). Quizás está mal que lo diga yo como miembro de la anterior Junta, pero creo que se han dado pasos importantes y que la gestión ha sido buena durante estos dos últimos años. Eso sobre todo se ha debido a las muchas horas no remuneradas e ilusión que mis compañeros en la Junta le han echado a sus labores y a los que todos agradecemos su servicio. Han dejado el listón muy alto para el nuevo equipo.

Ahora bien, eso no quiere decir que las cosas no se puedan hacer mejor. Y no cabe duda de que aunque el panorama en el que se mueve la criminología española en cierto sentido es más positivo (los grados han seguido creciendo, hemos ido dejando atrás lo peor de la crisis económica, las nuevas generaciones vienen apretando fuertes, y la creación de los colegios profesionales pueden servir para lanzar la inserción profesional), hacer criminología en España sigue siendo muy difícil y nos quedan por afrontar retos muy importantes. En los próximos dos años para los que habéis elegido una nueva junta nuestro programa y agenda pasa por adoptar una serie de medidas que responde a nuestra ilusión de seguir luchando por una criminología de calidad en nuestro país. Al margen de continuar luchas históricas (la reivindicación del área de conocimientos, el mayor reconocimiento de la REIC, etc.) ese programa y agenda estará articulado sobre los siguientes puntos:

El impulso de las actividades de los grupos de trabajo. Los nuevos estatutos permiten la creación de grupos de trabajo en nuestra sociedad y ya tenemos varios grupos constituidos. Los grupos son sobre todo una iniciativa de los socios. Pensamos, no obstante, que desde la Junta debemos ayudar a ordenarlos, visibilizarlos, y a facilitar su funcionamiento. A dichos efectos introduciremos cambios en nuestra web, identificaremos de forma transparente a todos sus miembros y persona de contacto, crearemos espacios para facilitar sus encuentros (durante los congresos), impulsaremos que ofrezcan ideas temáticas para los simposios y que ayuden a su organización científica y exigiremos que proporcionen un informe anual de actividades a la SEIC. A estos efectos también redesignaremos uno de los vocales como vocal de coordinación de los grupos de trabajo.

El relanzamiento del Observatorio de la Enseñanza de Criminología y, en particular, el desarrollo de un mapa detallado de la enseñanza de la criminología en España. Los estudios de criminología han crecido de forma notable durante los últimos años. Desgraciadamente el café para todos, sumado a la limitada inversión en recursos humanos por parte de las universidades en este ámbito y la ausencia de un área de criminología, ha creado una configuración e implementación de los estudios que presenta lagunas notables y que hacen que haya espacios considerables para la mejora de la calidad de estos estudios. La SEIC desde siempre ha estado ahí en lo que se refiere al desarrollo de los grados y pensamos que es el momento para seguir contribuyendo a pensar y repensar cómo se hacen las cosas. En esto nuestra intención es ir de la mano de los profesionales (FACE, colegios) y estudiantes para identificar buenas prácticas y problemas. El primer paso será crear un repositorio de estudios y documentos relevantes y la creación de un mapa de los grados con indicadores relevantes que pueda servir para a continuación desarrollar estudios y recomendaciones más específicas.

La mejora de la gestión de los eventos científicos que organizamos. Durante la última asamblea tuvimos la ocasión de discutir públicamente un documento preparado por la Junta saliente sobre la futura gestión de los eventos científicos organizados por la SEIC. El debate fue intenso y muy enriquecedor. Y es un debate que no está en modo alguno cerrado. Durante la asamblea votamos a favor de simposios posiblemente de menor tamaño, centrados en un tema concreto, y en el que se articulen las sesiones de forma diferente a lo que hacemos en los congresos. Esperamos que de aquí a Septiembre todos los socios que tengáis ideas interesantes sobre temas y sobre ideas originales de articular sesiones y formas de participación para los simposios nos las hagáis llegar a los miembros de la junta que os resulten más cercanos. El próximo simposio se celebrará en Granada a finales de Junio del 2019 gracias a la hospitalidad de Miguel Ángel Cano y la Universidad que él representa. Ya se ha propuesto un tema concreto, pero el Comité Científico sigue abierto a ideas y durante Septiembre empezará a tomar decisiones sobre tema y formato. Discutimos, y mucho, los controles de calidad para futuros Congresos. En Asamblea votamos seguir utilizando los criterios utilizados para el CECRIM2018, pero también consideramos que era importante abrir un periodo de consulta para que los socios propongan comentarios y propuestas de redacción alternativa a dichos criterios (consultar aquí). En Septiembre el Comité Científico evaluará vuestras propuestas y aprobará una redacción final de dichos criterios. También estudiaremos medidas concretas para combatir la percepción de que el poster es una forma de participación menor (por ejemplo, propondremos talleres de formación en la preparación de posters, crearemos un premio al mejor poster, promoveremos la idea de “flash presentations” de los posters, etc.). Una medida que creemos que será particularmente útil para tener éxito en congresos futuros es poder planificar con más antelación. Ya tenemos voluntarios de una Universidad para posiblemente organizar el simposio del 2021 y sería conveniente empezar a plantearse quien querría ofrecerse como voluntarios para el congreso del 2022.

El redescubrimiento del carácter interdisciplinar y mestizo de la buena criminología. Estos días hemos hablado y mucho de qué es un criminólogo y de qué cosas tienen su apropiado lugar en los congresos de criminología. Es un debate sano y muy necesario, y nos entusiasma ver la riqueza de posiciones al respecto. Tanto la Junta saliente como la entrante compartimos una idea mestiza de lo que es un criminólogo y lucharemos con todas nuestras fuerzas contra ideas excluyentes de lo que ha de ser la criminología. A título personal he defendido muchas veces que un criminólogo es quien hace criminología (y la hace bien), y no lo que diga un papel o un título. Creo que este es el sentir generalizado de nuestros socios y pienso que tenemos ser muy vocales frente a toda pretensión o argumento que exprese una visión más excluyente de la criminología. En estos días hemos oído que una cosa es el criminólogo y otra cosa el investigador en criminología. Paparruchas. Si la criminología es una ciencia quien hace investigación criminológica es un criminólogo y para hacer este tipo de investigación no hace falta un título del Estado[1]. Nuestra visión es que el criminólogo académico es aquella persona que con independencia de su formación original conoce el canon criminológico, se desenvuelve con mayor o menor facilidad en el uso de los métodos de las ciencias sociales, y tiene una trayectoria de investigación que claramente nos permite su reconocimiento como especialista en la materia. Como diría David Smith (2014: p. 4) “it is a group of people who use a bag of tools to think about crime and its theoretical and practical implications and to test their ideas against good evidence. The purpose of the enterprise is to inform moral and political choices”. Y en la mejor vertiente europea reconocemos ambas versiones de criminología a las que hace alusión David Smith, aquella que entronca con una tradición más científica, pero también aquella que entronca con una tradición más anclada en las humanidades. La SEIC siempre será la casa de ambas. Dicho esto tenemos que reconocer que corremos el peligro de perder esa interdisciplinaridad si no tomamos medidas. La SEIC ha crecido, pero con poco balance. La proporción de gente que procede del derecho ha aumentado, mientras que la aportación de otras disciplinas se ha estancado, no ha crecido tan rápidamente, o simplemente es prácticamente nula (por ejemplo, historia, economía, etc.). Esto se refleja claramente en nuestra Junta (5 de los 7 miembros empezaron como juristas) y en los planes de estudios de los grados (Torrente, 2018). Que en este contexto haya quien piense que la SEIC discrimina contra las aportaciones del derecho resulta cuanto menos sorprendente. En primer lugar porque nuestra agenda no es restar, si queremos seguir progresando tenemos que sumar. Pero tenemos que sumar sobre todo de aquellos colectivos que están menos representados en nuestra sociedad y que pueden ayudarnos a construir una criminología más plural. A estos efectos vamos a empezar a considerar qué medidas proactivas podemos tomar para incentivar esta participación más plural.

[1] Con independencia de que también haya una vertiente más profesional de esta disciplina regulada por los Colegios.  Asimismo, también reconocemos que el sistema de empleo público español dificulta a los criminólogos con estudios de Grado en Criminología el ejercicio profesional tanto fuera como dentro de las universidades, frente a profesionales con otros estudios superiores, siendo evidente la discriminación existente en oposiciones a cuerpos funcionariales a nivel local, autonómico y estatal. La SEIC seguirá defendiendo que los titulados en criminología tengan como mínimo iguales oportunidades laborales que el resto de profesionales con conocimientos criminológicos, especialmente en las labores profesionales directamente vinculadas con los estudios de Grado.

La rivoluzione è finita? La influencia de la criminología crítica en el contexto español

José Ángel Brandariz (Universidad de A Coruña)
Ignacio González Sánchez (Universidad de Girona)

new_criminEn la actualidad, cuando ya han pasado casi cincuenta años del clásico The New Criminology (Taylor, Walton y Young 1973), evocar la influencia de la criminología crítica en el campo criminológico español parece un ejercicio de cierta complejidad y –tal vez- con escaso sentido.

En el contexto académico de muchos países, la criminología crítica aparece como una moda del pasado, una orientación analítica que vivió una emergencia tan intensa como breve. Suele quedar reducida a un capítulo de la historia de las teorías criminológicas, estando mucho menos desarrollada la aplicación de sus postulados en la investigación empírica. Pareciera que, como su solución última pasa por acabar con el capitalismo y esto se percibe como una utopía, la mayoría de sus aportaciones (como el cuestionamiento de a qué llamamos “delito” o la dudosa fiabilidad de las estadísticas policiales) no son aplicables –al menos, si no queremos cambiar de manera radical y profunda la forma de desarrollar la investigación criminológica.

En apariencia, el español podría muy bien ser uno de esos contextos. Hasta donde alcanzamos a ver quienes entramos en el ámbito académico mucho tiempo después de que los jóvenes teóricos de la National Deviance Conference publicasen sus textos clásicos, podría haber buenas razones para que fuese así. Como es bien conocido, la criminología es una disciplina de muy reciente consolidación en el caso español. De este modo, hace décadas había pocos incentivos (al menos, profesionales) para que las teorizaciones críticas se introdujesen en un ámbito universitario escasamente permeable a los análisis del delito y del castigo desde las perspectivas de las ciencias sociales. Sin embargo, no fue esto exactamente lo que sucedió.

En marzo de 1977, en la misma ciudad que unos meses después vería la publicación de Carcere e Fabbrica (Melossi y Pavarini 1977), A/traverso, una revista autoeditada por el sector creativo de los estudiantes de la Universidad de Bolonia, que en aquel momento se encontraban inmersos en una de las movilizaciones más intensas que se recuerdan, salió publicada con un título tan extraño como irónico: La rivoluzione è finita. Abbiamo vinto (La revolución ha terminado. Hemos ganado). Si bien los editores de A/traverso eran conscientes de que el movimiento estudiantil se agotaba, con pocos resultados, el texto pretendía señalar que sus demandas –sustancialmente anti-disciplinarias, centradas en el reforzamiento de la autonomía vital- iban a caracterizar los años venideros.

Más allá del acierto de los activistas boloñeses, esa imagen –aparentemente tan distante- puede servir para pensar sobre el verdadero impacto de la criminología crítica en el contexto hispano. El pensamiento de los criminólogos materialistas se introdujo en el campo académico español sustancialmente desde los márgenes. Pequeños grupos de trabajo, fundamentalmente ubicados en Barcelona, comenzaron a emplear los marcos teóricos críticos en su investigación. Por razones derivadas de las dinámicas propias de la constitución de los campos académicos, los trabajos de los autores anglosajones tuvieron un impacto limitado –con notables excepciones-, a diferencia de lo que sucedió con una de las ramas de la criminología crítica más influyentes en el contexto europeo, la italiana. En ese país, diversas circunstancias político-académicas condujeron a que las bases teóricas críticas sirviesen de fundamento para otras elaboraciones, como el derecho penal mínimo o el garantismo penal.

Esta es una de las razones que explica, con todas las licencias metafóricas, la pertinencia de la frase (completa) del titular de A/traverso para la cuestión analizada. Los planteamientos críticos, junto con otras influencias académicas, políticas e históricas, contribuyeron a que, durante décadas, se hiciese moneda común una mirada socioeconómica al funcionamiento material del derecho y el sistema penal. Este contexto analítico no es, en absoluto, obsoleto. Aún hoy resulta difícil marginar ese tipo de perspectiva en el análisis de lo punitivo o, más aún, hacer una afirmación de distanciamiento del garantismo. Junto a ello, varias de las aportaciones de la criminología crítica forman parte de nuestro acervo analítico común: el impulso de las encuestas de victimización, el estudio de la aplicación de las leyes y de su proceso de elaboración, la sospecha sobre el papel sustitutivo de las medidas penales alternativas, la importancia de las crisis y del desempleo en el funcionamiento del control social, la existencia de pánicos morales, el sesgo de clase en la penalización, y un largo etcétera.

Ni siquiera el devenir gerencial de la labor universitaria, la creciente centralidad de la investigación aplicada, o un contexto investigador más dependiente de la inversión privada, parecen en condiciones de poner fin a esta evolución epistémica. De hecho, el reciente desarrollo de los grados de criminología es una excelente oportunidad para reivindicar la universidad como institución que históricamente ha sido fuente fundamental en la formación de espíritu crítico y el ejercicio de la libertad de expresión, y no sólo un lugar de formación técnica de fuerza de trabajo. Hay pocas formas mejores de poner en práctica una de las enseñanzas más básicas de la corriente crítica.

Cuestión diferente a la influencia de la criminología crítica en el pasado reciente es la relativa a su posible impacto en el próximo futuro. Frente a lo que podría parecer por el tono optimista de lo dicho hasta ahora, la situación no se presenta excesivamente promisoria. Ante todo, lo que podríamos denominar el “sub-campo” académico de la criminología crítica aparece hoy, cincuenta años después, muy fragmentado. El sector británico, siempre muy activo, se encuentra organizado en el longevo European Group for the Study of Deviance and Social Control. Buena parte de los sectores europeo-continentales que son herederos de la criminología crítica han abandonado ese espacio. De forma aún más llamativa, los grupos anglosajones que se organizan en torno a la Division on Critical Criminology and Social Justice de la American Society of Criminology y a la Crime, Justice & Social Democracy Conference australiana parecen tener poco diálogo con el tronco británico, con excepción de los sectores que se desgajaron en dirección al realismo de izquierdas y, más recientemente, hacia la criminología cultural (Ferrell, Hayward y Young 2015; Van Swaaningen 2011).

Si la fragmentación podría no ser, en sí, un problema mayor, el desasosiego se reafirma cuando se presta atención a las innovaciones teóricas. Si se revisan algunas de las principales colecciones aparecidas en los últimos años (como DeKeseredy 2010; DeKeseredy y Drawiegicz 2011, 2014), o se hojean los fascículos de Critical Criminology, la impresión general es que los tópicos abordados y –en gran medida- el tipo de perspectiva con la que se afrontan no son en absoluto exclusivos, sino que pueden encontrarse en muchas otras vertientes de la academia criminológica o, incluso, socio-jurídica. Esto, como es evidente, permite una lectura optimista en el sentido del titular de A/traverso, que apunta a una recepción de la criminología crítica por sectores más amplios desde la transversalidad que implican sus propuestas. Si se repara, por ejemplo, en el importante desarrollo de la convict criminology, puede verse que casi no hay ninguna dirección de análisis trabajada por la criminología crítica que no forme parte hoy del amplio y proliferante conjunto de los saberes criminológicos.

Sin perjuicio de ello, la cuestión de la innovación, y su efecto sobre el impacto futuro de la criminología crítica, merece una reflexión adicional que, en su brevedad, presenta un evidente riesgo de reduccionismo. La experiencia del realismo de izquierdas a partir de los años 80 (Lea y Young 1984; Matthews 2014) evidenció, en gran medida, un problema que hasta hoy no parece tener solución (Downes, Rock y McLaughlin 2016): la criminología crítica no alcanza sus mayores cotas de innovación cuando se enfrenta a la tarea de explicar el delito y/o de diseñar planes y programas de prevención. Ese es un terreno en el que muchas otras orientaciones de análisis llevan un largo camino andado, que hoy forma parte del patrimonio común de los saberes criminológicos. Esta conclusión, con todo, no puede dejar de matizarse. El trabajo de la criminología crítica en el terreno de los “delitos de los poderosos” sigue siendo extremadamente fructífero (Barak 2015; Rothe y Kauzlarich 2016). En cambio, los resultados de la propuesta de desarrollo de una “zemiology” (Hillyard et al. 2004), encargada de analizar los fenómenos –delictivos o no- que producen daño social parecen por el momento bastante más ambivalentes.

Frente a lo apuntado, el tipo de análisis materialista que siempre ha caracterizado la criminología crítica sigue siendo imprescindible para pensar la reacción social y la respuesta institucional a los fenómenos que denominamos delitos. Obviamente, se trata, al menos desde la revolución epistémica vivida hace medio siglo, de una de las labores fundamentales del análisis criminológico. En consecuencia, la orientación crítica seguirá insertada en el núcleo de la criminología del próximo futuro. Algunas de sus ópticas, como las que enfatizan los sesgos de género y de raza/etnia/nacionalidad de lo punitivo hace tiempo que han dejado de ser patrimonio exclusivo –si es que en algún momento lo fueron. Otras, como las que proponen una perspectiva de clase o atenta a las tecnologías de poder que subyacen al desarrollo de la penalidad, siguen requiriendo el concurso imprescindible de la criminología crítica.

En suma, hay buenas razones para afirmar que los análisis críticos van a seguir siendo útiles y necesarios -tal vez aún más que en la etapa de auge de la criminología crítica-. No en vano, cuando se publicó The New Criminology apenas se habían desarrollado las dinámicas de mercantilización y valorización capitalista que han colonizado múltiples ámbitos vitales e institucionales, por entonces ajenos a esos procesos de acumulación. Aunque sólo sea por esta circunstancia, una mirada materialista sobre el delito y la penalidad seguirá siendo indispensable. Pocas tradiciones han contribuido tanto a cuestionar el sentido común y generar debate epistemológico y político, por lo que, al menos para quienes apreciamos esta tradición, la deuda como disciplina y el beneficio como investigadores seguirán creciendo en los próximos años.

Referencias bibliográficas

Barak G (2015) The Routledge International Handbook of the Crimes of the Powerful. London: Routledge.

DeKeseredy W S (2010) Contemporary Critical Criminology. London: Routledge.

DeKeseredy W S y Drawiegicz M (2011) Routledge Handbook of Critical Criminology. London: Routledge.

DeKeseredy W S y Drawiegicz M (2014) Critical Criminology. London: Routledge.

Ferrell J, Hayward K y Young J (2015) Cultural Criminology. London: Sage.

Hillyard P. et al. (2004) Beyond Criminology: Taking Harm Seriously, London: Pluto Press.

Lea J y Young J (1984) What is to be done about law and order. London: Penguin.

Matthews R (2014) Realist Criminology. London. Palgrave MacMillan.

Melossi D y Pavarini M (1977) Carcere e Fabbrica. Bologna: Il Mulino.

Rothe D L y Kauzlarich D (2016) Crimes of the Powerful: An Introduction. London: Routledge.

Taylor I, Walton P y Young J (1973) The New Criminology: For a Social Theory of Deviance. London: Routledge.

Van Swaaningen R (2011) Perspectivas europeas para una Criminología crítica. Montevideo: BdeF.